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Dualidad de alta en ISFAS y Seg. Social para hijos menores de edad – UMT 033/2016

DUALIDAD DE ALTA EN ISFAS Y SS DE HIJOS MENORES DE EDAD

En atención a lo establecido en la Disposición Adicional 2ª.2 del R.D. 910/2012, de 8 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, se presenta ante la Secretaría Permanente del citado Consejo la siguiente propuesta para SU DEBATE en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, acompañándose a la misma la documentación que se anexa.

1. OBJETO.
Dada la situación actual de nuestra sociedad y la particularidad que dentro de esta disponen los militares, los casos de divorcios con hijos son cada vez mayores. Y el estar los progenitores en distintas provincias se da en una mayor parte de los casos de militares en dicha situación, dificultando la asistencia sanitaria a los menores, dado que en determinados casos, los hijos están dados de alta en el RGSS con uno de los progenitores mientras el otro, dado de alta en el ISFAS con algún seguro privado o SS, se ve limitado por la normativa para dar de alta a sus hijos al no consentirse la dualidad de alta en RGSS e ISFAS
2. ANTECEDENTES.
En casos de militares dados de alta en ISFAS con seguro privado (ADESLAS, ASISA, etc), divorciados y con hijos, los cuales están conviviendo en otra comunidad autónoma y disponen de asistencia médica por la Seguridad Social del padre/madre que tiene la tutela, existen varios problemas que perjudican seriamente a los menores para recibir asistencia médica a la hora de estar con el progenitor que dispone de fines de semana, días alternos y determinadas vacaciones. Las situaciones pueden variar según la comunidad autónoma pero la situación es la siguiente:

  • Los menores UNICAMENTE reciben asistencia por el servicio de urgencias de la Seguridad Social.
  • No se les puede hacer un seguimiento por el pediatra dado que está en otra comunidad autónoma.
  • En algunos casos, la medicación que se les debe dar por prescripción facultativa NO RECIBE LOS DESCUENTOS PERTINENTES, al ser de distintas comunidades (ejemplo: Alta en SS en Navarra y receta prescrita de urgencia en Andalucía)
  • La única solución para que tengan cobertura (en caso de que ambos progenitores tengan SS) es declararles desplazados, causando baja en su comunidad autónoma y alta en la nueva para, después de finalizado el periodo vacacional, tener que darle de alta nuevamente en su comunidad por el progenitor correspondiente, con la molestia que esto supone. Hay que tener en consideración que, la comunicación entre ambos progenitores después del divorcio en la mayoría de los casos es nula y que cualquier cosa que se solicite, aun en beneficio del menor, siempre es discutido perdiendo en TODOS los casos el menor.

3. CONCLUSIONES.
Cuando las circunstancias anteriores se dan, y alguna otra no contemplada que entra dentro del ámbito personal de cada individuo, y en base al artículo 2 de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia que dice que “…Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las Instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarán de forma restrictiva y, en todo caso, siempre en el interés superior del menor.”
4. PROPUESTA.

Se propone autorizar la dualidad de alta en la Seguridad Social y en ISFAS a los menores de edad que se encuentren en los siguientes casos:

  • Padres divorciados y que el que ostenta judicialmente la guarda y custodia NO sea militar.
  • No exista acuerdo al respecto dentro de las medidas del convenio regulador realizado.
  • Residan los progenitores en distinta provincia o comunidad autónoma

Tratado de Lisboa – Derechos Fundamentales ciudadanos europeos

LEY ORGÁNICA 1/2008, de 30 de julio, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en la capital portuguesa el 13 de diciembre de 2007.

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren, Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica.

ARTÍCULO 21
No discriminación
1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.
2. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación de la Constitución y sin perjuicio de sus disposiciones particulares.

(Del BOE 184 del 31/07/2008)

Límites de edad en las Fuerzas Armadas, informe interno

1.- ANTECEDENTES
En fecha 4 de Junio de 2011 esta Jefatura tiene conocimiento de la Sentencia del Anexo, por la que el Tribunal Supermo declara nulo el límite máximo de edad para ingresar como aspirante en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo Nacional de Policía, establecido en el Reglamento de los procesos selectivos y de formación del citado Cuerpo.
Dicha sentencia estima el recurso interpuesto por un particular contra la desestimación del recurso de reposición interpuesto ante el Consejo de Ministros contra la resolución de 5 de octubre de 2007, de la Dirección General de la Policía y Guardia Civil, por la que se convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos del Centro de Formación, de la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector del Cuerpo Nacional de Policía y contra la resolución de 26 de diciembre de 2007, de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se publica la lista de admitidos y excluidos en la referida oposición.
2.-CONSIDERACIONES

Los fundamentos de la sentencia pueden resumirse en :

– Pese a que la edad no aparece expresamente en el art. 14 de la Constitución, el artículo 21.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE sí la incorpora entre las causas por las que se prohibe discriminar.
– De acuerdo al art. 56.1.c) del Estatuto Básico del Empleado Público, para participar en los procesos selectivos no se deberá exceder la edad máxima de jubilación forzosa.
– Pueden establecerse mediante norma con rango de ley otras edades inferiores, si bien, serán excepciones que deben estar justificadas.
– La naturaleza de las funciones a desempeñar por un cuerpo o escala, la configuración del cuerpo o las características de la organización, o la necesidades de formación, pueden justificar límites de edad en el ingreso a la función pública.
– Ausencia de justificación razonable del límite máximo de edad cuestionado.
– Existencia de otras sentencias del Tribunal Supremo con igual doctrina.
– Incumbe a la Administración justificar objetivamente una diferencia de trato por razón de la edad.
Ante una impugnación similar de un proceso selectivo en el ámbito de las Fuerzas Armadas, cabe esperar que el Tribunal Supremo aplique la misma doctrina. Para evitar el riesgo de una posible extensión de esta doctrina sería necesario que se establecieran los límites máximos de edad en una norma con rango de ley. Ello podría llevarse a cabo bien mediante una ley específica que regulase los procesos selectivos o bien mediante la modificación de la LCM.
3.-CONCLUSIONES

Es razonable pensar que ante una impugnación similar de un proceso selectivo en el ámbito de las Fuerzas Armadas, el Tribunal Supremo aplicara la doctrina expuesta.
El instrumento más seguro para evitar el riesgo de una posible extensión de esta doctrina sería una norma con rango de ley en la que se establecieran los límites máximos de edad. Ello podría llevarse a cabo bien mediante una ley específica que regulase los procesos selectivos o bien mediante la modificación de la LCM.